María de los Ángeles Ramallo, el 14 de noviembre, perdió la vida al quedar atrapada en medio de un enfrentamiento entre dos bandas narcos en el barrio 11 de Marzo. Horas antes, en Villa 9 de Julio, el Clan Toro resolvía sus diferencias disparando a diestra y siniestra generando pánico en todo ese populoso barrio del este de la capital. El domingo 15, en Banda del Río Salí, Fabián Sánchez también perdió la vida en un tiroteo protagonizado por grupos que venden drogas en la zona. A pesar de que su familia lo desmienta, la Justicia cree que el joven quedó en medio de la balacera.
Los tres hechos demuestran que en nuestra provincia hay una escalada de violencia protagonizada por los grupos que venden sustancias prohibidas en distintos sectores del Gran Tucumán, aunque la mayoría de las bandas están instaladas en la capital y de allí extienden sus tentáculos hacia el interior de la provincia.
En los informes reservados que maneja la Justicia Federal, elaborados por las distintas fuerzas que combaten el narcotráfico, existen al menos siete grupos que están acusados de comercialización de drogas. Ellas son:
- Los Araña: manejan un amplio territorio del noroeste de la ciudad y tendrían su centro de acción en Villa Muñecas y barrio Echeverría.
- Clan Toro: desde hace años que son acusados de llevar adelante el comercio de drogas en Villa 9 de Julio.
- Los Díaz: sus dealers, según los informes, realizan sin problemas su tarea en la zona suroeste de la capital, especialmente Villa Amalia.
- Los Garras: operan fundamentalmente en el barrio 11 de Marzo y caseríos vecinos.
- Los 30: se les adjudica haberse apoderado del territorio que va desde el barrio Alejandro Heredia hasta el 11 de Marzo.
- Los de Rogelio: se los acusa de manejar la venta de drogas en la Costanera Norte, lugar que está más cerca de la avenida de circunvalación.
Aunque no figure en el informe al que tuvo acceso LA GACETA, en ese barrio también estaría actuando otro grupo conocido como Los Bazán, pero su zona de influencia es los sectores que está más cercanos a las márgenes del río Salí.
La mayoría de estos grupos, a lo largo de los últimos años, ha perfeccionado un sistema de tráfico de pasta base, “paco”, cocaína y “alita de mosca”, fundamentalmente, aunque también, en menor escala, comercializan marihuana, siempre según la versión que manejan los investigadores y que aparecen en los informes reservados.
Estos clanes han crecido tanto que cada vez son más los que trafican la pasta base desde el norte del país. Este paso supone un importante ahorro, ya que eliminan al menos un intermediario. Cuentan además con laboratorios para cocinar esa sustancia. Por supuesto, una intrincada red de distribución y comercialización de sus productos, que están haciendo estragos entre los jóvenes de los barrios de la periferia.
Un problema
“Es evidente que hay una escalada de violencia por los negocios vinculados al narcotráfico. Nuestra misión es investigar, en estos casos, los homicidios y cualquier otro delito que cometan los integrantes de estos grupos”, comentó la fiscala Adriana Reinoso Cuello que en su turno que acaba de finalizar investiga los dos homicidios y la pelea del Clan Toro.
Reinoso Cuello reconoce que en varios allanamientos comunes que se realizan por otras causas se encuentran drogas, por lo que las investigaciones tienen un giro inesperado y, como marca la Ley, debe darle intervención a la Justicia Federal.
“Ellos son los que tienen competencia para los delitos de narcotráfico. Y el sistema está bien aceitado”, agregó.
A la fiscala no sólo le preocupa esta escalada de violencia, sino cómo la droga está incidiendo en los delitos. “Cada vez son más los jóvenes que llegan a declarar totalmente perdidos y reconocen que cometieron, por ejemplo, un robo para comprar más sustancias. Algunos de ellos recuperan la libertad y, al poco tiempo, vuelven a ser detenidos por la misma razón. Hay que trabajar de manera urgente con este problema”, sugirió.
Investigar un caso de estas características no es sencillo. Primero, no todos se denuncian; y la Justicia, cuando interviene en uno, se encuentra con un escollo: el silencio de los testigos por temor a sufrir algún tipo de represalia. “Por ejemplo, por un homicidio en Villa 9 de Julio, cité a declarar a una mujer y llegó custodiada por un Policía Federal porque estaba cumpliendo una condena con arresto domiciliario. Mucha información no pudo aportar”, recordó.
Embrionario
“Me parece que estamos lejos de una situación como la que se está viviendo en el conurbano bonaerense o en Rosario. Se dice que estamos en un momento embrionario, es decir, estamos a tiempo de revertir un fenómeno que tiene que ver con la organización criminal”, aseguró Pablo Camuña, fiscal Federal 2.
El funcionario tira sobre la mesa las estadísticas que están manejando sobre narcotráfico. Asegura que el 50% de las causas que se tramitan en la Justicia Federal son por tenencia simple y tenencia con fines de consumo personal. Del resto, el 30% tienen que ver con la comercialización donde se secuestró sustancias y otros elementos que indican que los acusados estaban vendiendo sustancias prohibidas. “Son pequeños quioscos de venta al menudeo donde las cantidades que se secuestran son muy bajas. Del resto, sólo el 5% son investigaciones más complejas de narcocriminalidad organizada”, opinó.
Camuña sostiene que en la provincia también hay grupos que traen la droga de afuera y la comercializan al mayor o la trasladan a otras tierras.
Sin que haya mencionado una palabra sobre el tema, el caso más concreto es el del Clan Sánchez. Según el juez Federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, acusa a Carla Sánchez de comandar una organización que trasladó al menos 1.500 kilos de marihuana. De acuerdo a la investigación, la banda distribuía ese estupefaciente en toda la región y en provincias del sur del país.
“Estamos tratando de priorizar la narcocriminalidad sobre la venta al menudeo porque no tiene mucho sentido ir quiosco por quiosco porque son fungibles. Si hoy cerramos uno, la misma familia lo vuelve a abrir al poco tiempo. Muchas personas están dispuestas a asumir ese riesgo. Creemos que la solución es atacar a los grandes proveedores de drogas de la provincia y hacia eso estamos apuntando en estos momentos”, destacó el fiscal en una charla con LA GACETA.
Camuña argumentó por qué no es tan sencillo avanzar contra las grandes organizaciones. “Es mucho más complejo porque en general, a medida que va subiendo en la cadena, el sospechoso se va alejando del manejo de la droga. No vas a encontrar a un jefe de la organización con droga en su poder. Se necesitan investigaciones más complejas”, aseguró.
El funcionario judicial insiste con sus hipótesis: “Hay gente que viene de afuera, grupos que son de acá y grupos que tienen vínculos con otras provincias. Incluso hay bandas tucumanas que no tienen contacto con el mercado local, sino que son simples transportistas. Baja la droga y la lleva a Buenos Aires, Rosario u otra provincia”, explicó.
“Una organización criminal es distinta. Las disputas que se han visto ahora son territoriales y los territorios que se disputan no son muy amplios; estamos hablando de cuadras y de porciones de barrios, no de zonas completas como se ve en Rosario. El tema de la organización criminal incluye todos los pasos: traer la droga, generar contactos en el exterior, bajarla acá en Tucumán y tener distribución. Además, lo esencial es tener un modo de blanquear el dinero que genera la organización, que tampoco es sencillo”, concluyó.
Hay cuatro detenidos por la muerte de María de los Ángeles
El sábado 14 de agosto, María de los Ángeles Ramallo caminaba por el barrio 11 de marzo. Cuando esperaba cruzas la calle junto a su madre, se produjo un enfrentamiento entre las bandas “Los 30” y “Los Garras” y recibió un balazo que le arrancó la vida en cuestión de minutos. Por el hecho, personal de la División Homicidios al mando del comisario Jorge Dib, detuvieron a cuatro jóvenes, todos integrantes del primer grupo. Los sospechosos, cuando declararon ante la fiscala Adriana Reinoso Cuello negaron haber participado en la balacera, pero al menos en dos de ellos se demostró que manipularon armas de fuego. Los pesquisas siguen trabajando para tratar de aprehender a las personas de la otra facción que participó en el lamentable hecho, pero no pudieron ser encontradas.
Todavía sigue sin esclarecerse el homicidio de Santiago Sánchez
Fue un hecho que conmocionó a Banda del Río Salí. Santiago Sánchez, de 23 años, fue asesinado de un balazo en el pecho el domingo 15 de noviembre en el barrio La Milagrosa. La Policía, que detuvo a tres sospechosos, cree que se trató de un enfrentamiento entre dos bandos que se peleaban por la venta de drogas en la zona. La familia de la víctima desmintió la versión y dijo que en realidad que el joven encontró la muerte al intentar separar la pelea que protagonizaban sus amigos con otro grupo. Luego del homicidio, allegados a la víctima destrozaron el frente del Caps de la zona, ya que estaba cerrado cuando lo llevaron para que sea atendido. Los pesquisas profundizarán nuevas pistas que surgieron en las últimas horas.
Los integrantes del Clan Toro, otra vez en la mira de la Justicia
El sábado 14 de noviembre, los vecinos de un sector de Villa 9 de Julio se despertaron con disparos. Desconocidos que se movilizaban en dos vehículos balearon una casa de pasaje Wellington al 100. Su propietario, Patricio Alejandro Bellido, denunció a su ex pareja Margarita Toro y otros hombres a los que no supo identificar como los responsables del ataque. Cerca del mediodía, Juan Ramón Vera, hermano de la víctima, dijo que recibió amenazas de muerte por parte de Ismael Toro. La fiscal Adriana Reinoso Cuello investiga el caso en el que los acusados aseguran que se trata de una pelea conyugal. “Los Toro tienen más antecedentes que goles de Lionel Messi en el Barcelona”, le respondió un uniformado a LA GACETA cuando intentó averiguar los datos del grupo.
La detención de “la Jefa” dejó más dudas que certezas
Carlas Sánchez, joven tucumana de 28 años, fue detenida el jueves en un barrio privado de Yerba Buena acusada de liderar el Clan Sánchez, banda que distribuía marihuana en la región y en diferentes provincias del país. Según el juez Federal Guillermo Molinari, el grupo habría sido responsable de trasladar al menos 1.500 kilos de ese estupefaciente. La investigación da cuenta que esta organización, que tenía Termas de Río Hondo y nuestra ciudad como centro de operaciones, se dedicaba a la venta mayorista de marihuana, pero no profundizó si había compradores tucumanos que la distribuía en estas tierras. Hay una pista en la que se establecería que un tal “Gastonero” podría haber tenido vínculos con la banda que quedó prácticamente desarticulada.